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Actualizada: 28/05/2016
 

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Jóvenes inmigrantes detenidos: sin derecho a la educación
Amy Goodman y Denis Moynihan

La mañana del jueves 28 de enero se presentaba fría en Durham, Carolina del Norte. Esa mañana, Wildin David Guillen Acosta salió de su casa rumbo a la escuela pero nunca llegó. En el camino, fue detenido y arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y permanece detenido desde entonces. Wildin tiene actualmente 19 años de edad. Huyó de su casa en Olancho, Honduras hace más de dos años y fue detenido al cruzar la frontera, pero como en ese momento era menor, se le permitió reunirse con familiares que tenía en Carolina del Norte. Comenzó a asistir a la secundaria Riverside High School y estaba previsto que se graduara en junio de este año. Quería ser ingeniero. En lugar de ello, permanece encerrado en el tristemente célebre Centro de Detención Stewart ubicado en la zona rural de Lumpkin, Georgia, gestionado por la compañía con fines de lucro Corrections Corporation of America.

Wildin es solo uno de los cientos de miles de menores que, ya sea solos o con sus madres, han huido de la violencia en América Central en los últimos años. Principalmente provienen de Honduras, Guatemala y El Salvador. Actualmente, Honduras es uno de los países más violentos del mundo y Olancho cuenta con una de las tasas más altas de asesinatos, lo que provoca que muchos huyan del lugar. El Ejército de Estados Unidos y la Administración de Control de Drogas (DEA) tienen fuerzas especiales desplegadas de forma permanente allí, las cuales participan de operativos antinarcóticos que también han provocado la muerte a decenas de hondureños.

Wildin fue arrestado en el marco de una serie de operativos de inmigración llamados “Operación Guardián de la Frontera”. Muchos creen que el objetivo de estos operativos fue generar miedo entre quienes se encuentran aún en América Central y están considerando realizar el peligroso viaje hacia el norte, rumbo a Estados Unidos. "Como he dicho en repetidas oportunidades, nuestras fronteras no están abiertas a la migración ilegal", dijo el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, en aquel momento. “Si vienen aquí de forma ilegal, los enviaremos de regreso de conformidad con nuestras leyes y nuestros valores”, afrimó. Inmediatamente después del arresto de Wildin, familiares, amigos, compañeros de clase y profesores de la secundaria Riverside realizaron una contundente manifestación de valores, marchando en apoyo de Wildin y de otros cinco jóvenes arrestados de manera similar. A este grupo de jóvenes encarcelados se le llama con frecuencia “NC6” o “Los 6 de Carolina del Norte”, en español. La Comisión de Relaciones Humanas de Durham solicitó al ICE su liberación, al igual que lo hizo el Concejo Municipal de Durham.

Una profesora de Wildin, Ellen Holmes, sostuvo en un video que realizó en su apoyo: “Hay mucho miedo en nuestra comunidad, porque, desafortunadamente, no es el único menor que han detenido. Esto provoca ausencias y deserciones en nuestras escuelas. Está generando un intenso sentimiento de miedo en el seno de nuestra escuela y de nuestra comunidad”. Existe escasa evidencia de que los arrestos y las deportaciones masivas hayan reducido el flujo de refugiados centroamericanos hacia Estados Unidos, pero ciertamente han atemorizado a los estudiantes y a las familias que actualmente se encuentran aquí, lo que los obliga a mantener a los menores fuera de las escuelas por temor a que sean arrestados como Wildin.

La solicitud de asilo de Wildin fue rechazada y el 19 de marzo un juez de inmigraciones denegó la solicitud de reabrir su caso. El 20 de marzo se dispuso su deportación a Honduras. Sin embargo, debido a la enorme presión pública que ejerció esta organización de base liderada por jóvenes, la directora del ICE, Sarah Saldaña, emitió esa mañana una orden por la que se pospuso su deportación. La solicitud de asilo de Wildin se encuentra ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, en un proceso que podría tardar meses e incluso años en resolverse.

Paromita Shah, directora asociada del Proyecto Nacional de Inmigración de la Asociación Nacional de Abogados, dijo en el noticiero de “Democracy Now!: “Debería ser liberado. Noventa días, desde cualquier punto de vista, es un período de tiempo atroz para ser pasado en detención”. Shah estuvo en Washington, D.C., junto a varios estudiantes y a la docente de Riverside High Ellen Holmes, visitando a integrantes del Congreso y al secretario de Educación, John B. King Jr., para solicitarles que apoyen a Wildin.

Axel Herrera es uno de los estudiantes que fue a Washington. Al igual que Wildin, era un estudiante indocumentado de Honduras, pero ingresó a Estados Unidos a los siete años de edad y por tanto tuvo derecho acogerse a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que otorga ciertas protecciones legales durante un período limitado a los inmigrantes indocumentados que ingresaron a EE.UU. siendo niños. “Hemos hablado con varios legisladores. Hemos hecho llamados. Hemos enviado cartas. Hemos obtenido el apoyo de algunos congresistas de Carolina del Norte, que se comprometieron a solicitar que nuestros compañeros sean liberados. Pero no hemos tenido la respuesta que esperábamos, que es tener a Wildin y a algunos de los demás estudiantes de ‘Los 6 de Carolina del Norte’ de regreso en nuestras escuelas”.

Wildin Acosta permanece detenido en la prisión privada del ICE en Georgia. Su solicitud de que se le enviaran las tareas escolares a la prisión fue inicialmente denegada. Tras las protestas de la población, la guardia cedió. Muchos estudiantes de secundaria son sancionados por negarse a estudiar. Wildin está encerrado en detención permanente y debe luchar por su derecho a estudiar. El secretario Johnson y todos los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas deberían aceptar que son esa determinación y ese compromiso los que van "de conformidad con nuestros valores".


Homeland Security Secretary Jeh Johnson Takes High-School Detention to a New Level
By Amy Goodman and Denis Moynihan

Thursday, Jan. 28, was a cold morning in Durham, North Carolina. Wildin David Guillen Acosta went outside to head to school, but never made it. He was thrown to the ground and arrested by agents from U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). He has been in detention ever since. Wildin, now 19 years old, fled his home in Olancho, Honduras more than two years ago. He was detained when crossing the border, but, as he was a minor at the time, he was allowed to join his family in North Carolina. He started out at Riverside High School, and was set to graduate this June. He wanted to become an engineer. Instead, he has been locked up in the notorious Stewart Detention Center in rural Lumpkin, Georgia, which is run by the for-profit Corrections Corporation of America.

Wildin is just one of hundreds of thousands of children who have fled the violence of Central America in recent years, either alone or, often, with their mothers. They come primarily from Honduras, Guatemala and El Salvador. Honduras is now one of the world’s most violent countries, and Olancho has one of the highest murder rates there, causing many to flee. The U.S. Army and the Drug Enforcement Administration both have special-forces units permanently stationed there, joining in counternarcotics operations that have also killed Hondurans.

Wildin was arrested in part of a series of immigration raids, dubbed “Operation Border Guardian.” Many believe its intent was to create fear among those still in Central America who might consider taking the perilous journey north to the U.S. “As I have said repeatedly, our borders are not open to illegal migration,” Secretary of Homeland Security Jeh Johnson said at the time. “If you come here illegally, we will send you back consistent with our laws and values.” Immediately after Wildin’s arrest, family, friends, classmates and teachers at Riverside High demonstrated their values, rallying to support him and five others who were similarly arrested. The group of imprisoned youth is often referred to as the “NC6.” Durham’s Human Relations Commission appealed to ICE to release him, as did the Durham City Council.

“There is so much fear in our community, because, unfortunately, he is not the only child that they have detained,” said one of Wildin’s teachers, Ellen Holmes, in a support video. “It’s creating absences and dropouts in our schools. It’s creating just a huge feeling of fear inside our school and in our community.” While there is scant evidence that the mass arrests and deportations have slowed the flow of Central American refugees to the U.S., they have certainly scared students and families currently here, forcing them to keep their kids out of school lest they be swept up like Wildin.

Wildin’s request for asylum was denied, and on March 19, an immigration judge denied his appeal to reopen his case. He was set for deportation back to Honduras on March 20. However, bowing to the enormous public pressure brought by this youth-led grass-roots organizing, ICE Director Sarah Saldana issued an order that morning, delaying his deportation. Wildin’s case for asylum is before the Board of Immigration Appeals, a process that could take months or even years to resolve.

“He should be released. Ninety days, by any standard, is an egregious period of time to be spending in detention,” Paromita Shah told us on the “Democracy Now!” news hour. She is the associate director of the National Immigration Project of the National Lawyers Guild, and was in Washington, D.C., with several Riverside High students and teacher Ellen Holmes, visiting members of Congress and Education Secretary John B. King Jr., asking them to support Wildin.

Axel Herrera was one of the students who went to Washington. Like Wildin, he was an undocumented immigrant from Honduras, but entered at the age of 7, and thus qualified for Deferred Action for Childhood Arrivals, or DACA. “We’ve talked to representatives. We’ve made calls. We’ve sent letters. We’ve gotten support from a few of our congressmen in North Carolina to ask for their release,” he told us. “But we haven’t had the response we’ve wanted, which is to have Wildin and have some of the other NC6 back at our schools.”

Wildin Acosta remains locked up in ICE’s private prison in Georgia. His request that his schoolwork be sent to him was initially denied. After public outcry, the warden relented. Many high-school students get detention for refusing to study. Wildin is stuck in permanent detention, and he has to fight for his right to study. That is determination and commitment Jeh Johnson and everyone at ICE should agree is “consistent with our values.”

Miembro de la Coordinadora Internacional TESORO y de la Federación Internacional de Comunicadores Populares (FICP)